Los profesores ‘ultras’

Publicado: 11 octubre, 2011 en Opinión, Prensa

PILAR ÁLVAREZ – Madrid – 09/10/2011

El Gobierno regional acusa a las asociaciones educativas de hacer un “negociazo” con las camisetas reivindicativas y tilda la movilización de “política” y dirigida “por los que pegaron a los peregrinos”

“Creo que los políticos nos están tomando el pelo”. En una bici y con su hijo de la mano, Ana Postigo (madre de un alumno) hacía esta reflexión el martes, en la tercera manifestación por la educación pública, con 68.000 asistentes. Profesores, padres y estudiantes reivindican desde el 7 de septiembre un giro en la política educativa de la Comunidad de Madrid. En solo un mes se han sucedido cinco huelgas, tres manifestaciones y centenares de actos de protesta. El Gobierno regional, que hizo un amago de invitación al diálogo tras los primeros paros, no ha movido ficha. Madrid no ha convocado la mesa sectorial de educación (donde debate la Consejería de Educación con los sindicatos) ni prevé modificar las medidas que han generado la protesta.

La vecina Castilla-La Mancha, con un conflicto similar por el recorte de interinos, lleva cuatro reuniones para intentar apagar el fuego. Madrid, en lugar de bomberos, envía gasolina. Así lo ven, al menos, los portavoces de los docentes. Los dos sindicatos con más representación (CC OO y ANPE) y la asociación mayoritaria de directores de instituto (Adimad) reclaman sin éxito desde julio un cambio de rumbo.

El jueves, en el pleno de la Asamblea de Madrid, la presidenta regional Esperanza Aguirre acusó a tres asociaciones de hacer un “negociazo” con la venta de camisetas de la marea verde, símbolo de la reivindicación. El PP de Madrid anunció el viernes que les denunciaría en los tribunales. Sindicatos y directores lo califican de “salida de tiesto” y “matonismo político” para intentar desviar la atención de un conflicto que resiste el paso del tiempo. Antes de este último episodio, Aguirre acusó a los docentes de trabajar 20 horas (confundiendo el tiempo que pasan en clase con su jornada semanal total de 37,5 horas), una afirmación por la que pidió disculpas. Luego aseguró que la movilización “política” estaba dirigida por la oposición, los sindicatos, los indignados del 15-M y “los de la ceja”, en referencia a los intelectuales que antes habían respaldado a Zapatero. La consejera de Educación y Empleo, Lucía Figar, sugirió que detrás de las protestas estaban “los mismos que en agosto insultaban y agredían a peregrinos [de la visita del Papa Benedicto XVI]”.

Los cinco sindicatos más representativos de la educación pública (que aglutinan casi todo el espectro de sensibilidades políticas) respaldan las movilizaciones. Uno de ellos (CSIF) ha reclamado a la Comunidad de Madrid que deje de hacer declaraciones públicas que levanten en armas al sector. Paco García (de CC OO, el mayoritario) cree que son palabras intencionadas para “criminalizar” a los docentes: “Tiran de argumentario y siguen una hoja de ruta fallida porque el conflicto ha escapado a su control”. “El profesorado se ha sentido muy agredido. Si detrás de estas declaraciones hay una campaña, deberían darle una medalla al que la está orquestando”, ironiza José Antonio Martínez, presidente de Adimad. El colectivo de directores, poco dado a las declaraciones públicas, denunció en rueda de prensa la dificultad para gestionar los centros con los recortes.

Apenas quedan dos meses para las elecciones del 20-N. El Gobierno regional alude continuamente a que la movilización madrileña es “una huelga política”. “Es una protesta social”, replica Francisco Melcón, presidente de ANPE, segundo en representatividad en el sector. Melcón encabeza la central más cercana a las posturas de la Comunidad de Madrid. Respaldó la ley de autoridad del profesor, que el resto calificaban de documento inútil, y fue el único que acudió a las últimas reuniones para negociar complementos retributivos. Ahora están con los demás, protestando en las calles. “Si la Comunidad no nos reúne pronto, el conflicto se enquistará”, advierte Melcón, que pide “inteligencia política” al Ejecutivo para que el conflicto “no desemboque en la campaña electoral”. ANPE, como el resto, es pesimista sobre el efecto de las instrucciones en este curso. “El daño está hecho, los horarios están cerrados, ahora hay que buscar medidas que palien esos errores. Esta protesta servirá, sobre todo, para que se lo piensen antes de volver a meter la tijera en la educación”.

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