Facebook Profesores del IES Barrio de bilbaoLa Junta Electoral prohíbe el uso de la prenda de las protestas educativas en las mesas y deja a los presidentes la decisión de permitir o no votar con ella.
Alba Sierra fue ayer dos veces a votar. La primera, con una camiseta con el lema a la vista de todos y la segunda, con la prenda escondida debajo de una chaqueta para poder depositar la papeleta. En su camiseta verde, en letras blancas, se lee: «Escuela pública de tod@s para tod@s». Es el símbolo de una protesta, la marea verde, contra los recortes en la educación pública madrileña. Ayer, la Junta Electoral Provincial de Madrid prohibió su uso para interventores y apoderados de las mesas electorales y, según el caso, también se vetó a los votantes, que quedaron a merced de la autoridad de los presidentes de mesa.
La comunidad educativa había pedido, según el calendario de movilizaciones distribuido por los sindicatos, que se acudiera a votar con la camiseta en señal de protesta. Pero la Junta Electoral lo entendió también como un elemento que podía influir en el sentido del voto, como ocurrió hace ocho años con los lemas Nunca Mais, tras la crisis del Prestige, o el No a la guerra, que siguió a la intervención militar en Irak. Las pancartas con ambos lemas tuvieron entonces que ser retiradas de los colegios a petición de la Junta Electoral Central y causaron problemas a quienes los llevaban en chapas más que en camisetas.
La profesora Sierra, como sus compañeras, tuvo que esconder la camiseta un rato, después de que le dijeran que ni siquiera podía colocársela del revés. «La he vuelto a enseñar nada más votar», explicó ayer la docente inscrita en el colegio Amador de los Ríos (Salamanca). «Creo que hay que defender esta lucha, no es un mensaje político, es una reclamación», protestó.
Tras la consulta de un colegio electoral, la Junta Provincial de Madrid emitió un acuerdo por la mañana para vetar las camisetas en las mesas electorales. No podían llevarla «los miembros de la mesa, apoderados o interventores» durante la votación, según la resolución.
El dictamen pedía a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado «en coordinación con la Policía Municipal» que informaran a quienes exhibieran «un tipo de camiseta verde con algunas connotaciones políticas relativas a la enseñanza» de que no podían «hacer exhibición de las mismas» por un posible delito de propaganda electoral.
Dos partidos de la oposición, PSOE e IU, presentaron ayer sendas reclamaciones contra el acuerdo que algunos apoderados intentaron pasar por alto. «No hay ninguna propaganda en estas camisetas», señaló Héctor Adsuar, profesor interino, miembro de CC OO y apoderado de Izquierda Unida en el colegio Martínez Montañés (Moratalaz). Adsuar optó por quitársela y llevarla en la mano. En el colegio San Ildefonso (Latina), el interventor de IU Santos Chiches se la colocó del revés tras la prohibición. Denunció además que en su centro tampoco los votantes podían llevarla.
El acuerdo de la Junta Provincial no incluía explícitamente a los ciudadanos y señalaba que «en ningún caso» afectaría al acto de la votación. El enunciado ambiguo quedó a la interpretación de los presidentes de mesa, según explicó una portavoz del Congreso de los Diputados. El presidente es la «máxima autoridad» y debe seguir su propio criterio, sobre la base del artículo 93 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
También hubo problemas en algunos centros con las pancartas y carteles contra los recortes. En el IES Mirasierra (Fuencarral-El Pardo), por ejemplo, la policía retiró los lemas que lucían desde septiembre en el patio, como unas enormes tijeras colocadas en una valla. IU también protestó contra esta decisión. El abogado de la formación, Juan Manuel Vela, considera que los carteles «corresponden a la política del centro, no tienen nada que ver con la campaña electoral». «Esas pancartas influyen tanto como los crucifijos en los centros, nosotros también podríamos pedir que se retiraran».
Ley del Régimen Electoral General
– Artículo 93.Ni en los locales de las secciones ni en las inmediaciones de los mismos se podrá realizar propaganda electoral de ningún género. Tampoco podrán formarse grupos susceptibles de entorpecer, de cualquier manera que sea, el acceso a los locales, ni se admitirá la presencia en las proximidades de quien o quienes puedan dificultar o coaccionar el libre ejercicio del derecho de voto. El Presidente de la Mesa tomará a este respecto las medidas que estime convenientes
De Vallecas a los tribunales
Todo empezó como una protesta de barrio al filo de las elecciones de 2007. Los padres y madres de un colegio de Vallecas querían protestar de otra manera por la carencia de infraestructuras en los centros públicos. Y se inventaron un lema, «Escuela pública de tod@s para tod@s» para plasmarlo en una camiseta. Luego vino todo rodado. Uno de los padres hizo un diseño sencillo en su taller de impresión con muñequitos blancos que van en autobús y juegan en el recreo. Las escuelas infantiles de Vallecas se sumaron al símbolo durante las protestas por los recortes de 2008 y la camiseta alcanzó la fama, ya este año, cuando una docente se la colocó en un centro concertado durante la celebración de las pruebas de Conocimientos y Destrezas Indispensables, una evaluación regional para alumnos de Primaria y Secundaria muy criticada desde la comunidad educativa. La docente fue expedientada.
Julio de 2011. Los docentes celebran asambleas para organizarse contra los recortes de profesores y el aumento de horas en Secundaria. Alguien sugiere ponérsela el primer día de clase.
Ya en septiembre, empieza a generalizarse en manifestaciones y huelgas. Se cuentan por miles. El Gobierno regional y el PP intentan darle la vuelta al símbolo con una denuncia por posible fraude fiscal en la Agencia Tributaria. Aseguraron que tres asociaciones -la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAPA) Giner de los Ríos y la asociación de vecinos de Palomeras Bajas- las comercializaban desde el verano «al por mayor y en monopolio» sin emitir factura y sin pagar IVA. La FAPA presentó esta semana una demanda de conciliación contra el PP y el Gobierno regional por posibles delitos de injurias y calumnias.
P. Á.
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